Visiones
obtusas
La
historia sigue siendo la misma: una nueva provincia que
prohíbe la minería, y un senador que presenta
un nuevo proyecto para la prohibición de la actividad
minera a cielo abierto.
Una
historia ya conocida, que no nos debería sorprender
porque desgraciadamente ya estamos acostumbrados (para mal)
a ello, pero que requiere de que las luces de alarma dentro
del sector minero estén más encendidas que
nunca.
En
Tierra del Fuego, la provincia más austral de nuestro
país, ha entrado en vigencia la Ley N° 853, por
la cual se prohíbe “la explotación de
minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto”,
y “la prohibición de cianuro y otras sustancias
en la explotación de los recursos minerales metalíferos.”
De esta forma, Tierra del Fuego se ha sumado al “selecto”
grupo de provincias antimineras, conformado por Chubut,
Río Negro, Mendoza, Tucumán, San Luis y Córdoba.
El
proyecto de Ley del Senador radical por la provincia de
Corrientes, Eugenio “Nito” Artaza, prohibiendo
“la minería metalífera a cielo abierto
y la exploración o explotación de uranio y
torio bajo cualquiera de sus formas” y “el uso
de cianuro, cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico,
ácido clorhídrico, ….y toda otra sustancia
química contaminante, tóxica y/o peligrosa
incluida en el Anexo I de la Ley Nacional N° 24.051”
puede llegar a ser interpretado como el deseo del cuidado
del medioambiente, algo que nadie niega, porque la preservación
del mismo, y del más preciado recurso que posee el
ser humano, que es el agua, está fuera de discusión.
Si
es digno de análisis esa animosidad hacia la minería
a cielo abierto, denominada también “open pit”,
como si esas grandes canteras producto de una explotación
razonable captaran la visión y tentara a introducir
proyectos de ley para prohibir la actividad, sin tener en
cuenta por ejemplo, que las explotaciones de Tandil no dejan
de ser ni más ni menos que canteras o minas a cielo
abierto…
Por
cuanto al caballito de batalla típico utilizado para
enfrentar a la minería, el cianuro de sodio, es importante
remarcar, según lo informado por Mark Logsdon, Karen
Hegeltstein y Terry Mudder en su publicación The
Management of Cyanide in Gold Extraction: “anualmente
se utiliza más de 1 MT (80% de la producción
total) en la producción de químicos orgánicos
como el nitrilo, el nylon, y los plásticos acrílicos.
Otras aplicaciones industriales incluyen la galvanoplastia,
el procesamiento de metales, el endurecimiento del acero,
las aplicaciones fotográficas y la producción
de goma sintética. El cianuro se utiliza en productos
farmacéuticos como el laetril, una sustancia para
combatir el cáncer, y el nitroprusiato, una droga
para reducir la presión arterial. Los compuestos
de cianuro también se utilizan en vendas quirúrgicas
que promueven la cicatrización y reducen las cicatrices.
El 20% restante de la producción se utiliza para
fabricar cianuro de sodio, una forma solida de cianuro cuya
manipulación es relativamente fácil y segura.
De este porcentaje, el 90%, es decir, el 18% de la producción
total, se utiliza en minería en todo el mundo, mayormente
para la recuperación de oro.” Sería
muy importante informarse qué otros sectores industriales
son los que consumen el restante 82% del cianuro de sodio
producido anualmente.
Además,
existe el “Código de Manejo del Cianuro”,
creado bajo las Guías de la UNEP –Programa
Medioambiental de las Naciones Unidas- donde se certifica
tanto a productores de cianuro, como consumidores y transportistas
que cumplan en forma responsable con la producción,
manejo, uso, transporte de esta sustancia.
Es
muy fácil prohibir una actividad digna, lícita,
que está presente en nuestra vida cotidiana a través
de telefonía móvil, computadores, artículos
electrónicos, materiales de casas y edificios, y
un largo etcétera.
De momento en que nunca se ha visitado y recorrido las distintas
instalaciones que comprenden una mina a cielo abierto, es
muy fácil prohibir.
Si
se prohíbe esta actividad –la cual tiene una
ley propia, y por lo tanto es la única que tiene
un marco normativo especial-, muchas comunidades quedarán
relegadas, como siempre lo estuvieron.
Si su futuro es cercenado por leyes sancionadas o proyectos
de ley presentados que luego son aprobados ¿Quiénes
serán los responsables de responder a sus inquietudes?
Aquellos con visión a corto plazo serán los
que deberán responder a la ciudadanía afectada.
